Lotito impulsa la 'norma de transparencia': cerco a los fondos extranjeros en el fútbol italiano

Claudio Lotito, propietario y presidente de la SS Lazio, desde su escaño en el Senado impulsa la norma que aumentaría la transparencia en la gestión por parte de los fondos en los clubes de fútbol en Italia. El proyecto de ley se presentó el pasado 5 de agosto, así como una enmienda a la Ley de Presupuestos que contiene exactamente la misma medida.

En concreto, la medida se dirigiría a los inversores extranjeros que adquieran al menos el 5% de un club de fútbol, obligándoles a constituir en 90 días una sociedad de derecho italiano con sede social en territorio nacional. Además, deberán comunicarse los nombres de las personas, físicas o jurídicas, que detenten directa o indirectamente al menos dicho porcentaje, y el origen de los fondos utilizados para la adquisición. ¿El objetivo? «Garantizar la máxima transparencia en la propiedad y gestión de las sociedades futbolísticas profesionales que operan en Italia, a fin de prevenir situaciones opacas, conflictos de interés y posibles actos ilícitos».

En definitiva, dirigida a fondos de inversión, fiduciarias o vehículos similares y extranjeros que adquieran o hayan adquirido, directa o indirectamente, participaciones de al menos el 5% en un club italiano. Y no acaba ahí, porque la propuesta también impondría la obligación de comunicar a la FIGC y a la ANAC, cada año, el listado de personas que posean, directa o indirectamente, al menos el 5% del capital social o de los derechos de voto de la entidad, así como el origen del dinero empleado para la adquisición. En caso de incumplimiento, voluntario o reiterado, se prevén multas de entre 1 y 5 millones de euros.

No solo. Quien venda sus participaciones a terceros deberá comunicar a la federación competente la identidad real del comprador, y el club tendrá que informar, en los 7 días posteriores al cierre de la operación o a la entrada en vigor de la ley, a la FIGC, a la liga a la que pertenece y a la ANAC de la constitución de la sociedad de derecho italiano y del nombramiento de su representante legal. De lo contrario, se contempla una sanción de 1 millón de euros por cada semana de incumplimiento.

Mismo criterio en caso de imposibilidad para el fondo o vehículo extranjero de ejercer los derechos de voto vinculados a la participación, así como responsabilidad penal del representante legal del club en caso de omisión voluntaria o consciente de la comunicación. ¿La pena? Prisión de hasta un año. Según la propuesta, la ANAC deberá vigilar el cumplimiento de estas obligaciones, trasladando las eventuales denuncias a la autoridad judicial competente y a la FIGC para que adopten las medidas oportunas.