Caos arbitral: la AIA, camino de la intervención. Pero la FIGC esperará a la apelación: el panorama

Como era de esperar, la inhabilitación del presidente de la Asociación Italiana de Árbitros, Antonio Zappi, tiene una base bastante sólida. Al menos a juzgar por las 23 páginas de fundamentos presentadas hoy por el Tribunal Federal Nacional. Aun así, en las altas esferas de la FIGC se mantiene la idea de esperar a la resolución de la apelación. La intervención de la AIA está a la vuelta de la esquina, prácticamente inevitable si la sentencia no se revoca —las opciones son escasas, aunque siempre hay margen para la sorpresa—, pero no se haría efectiva hasta dentro de, como mínimo, un mes.

Por qué la intervención. El pasado 12 de enero —las motivaciones se han publicado hoy— el TFN inhabilitó durante 13 meses al presidente Zappi por la presión “irregular” para forzar la dimisión de Maurizio Ciampi y Alessandro Pizzi, designadores de Serie C y D, y dejar vía libre a Daniele Orsato y Stefano Braschi. De por sí, una inhabilitación tan larga supondría el cese del presidente, que ya había acumulado antes otros diez meses (el límite para ostentar cargos de presidencia es de 12). En virtud de lo establecido conjuntamente en el artículo 29.1 de los Estatutos de la FIGC y el artículo 15 del Reglamento de la AIA, el cese solo puede declararse tras una sentencia firme, es decir, cuando el proceso haya agotado la justicia deportiva interna de la federación, TFN y Corte de Apelación Federal. En este escenario, el cese pasa casi a un segundo plano: en la FIGC entienden que la AIA no puede tener a un presidente inhabilitado durante más de un año.

Pero se esperará a la apelación. Cuestión de formas, más que otra cosa: solo una absolución en segunda instancia ‘salvaría’ el sillón de Zappi, que siempre ha impugnado —tanto en el procedimiento como en el fondo— toda la investigación y cuyos abogados anunciaron el recurso desde el primer momento. Desde hoy cuentan con 7 días para presentarlo y, después, la vista (con resolución posterior) deberá fijarse en un plazo máximo de 20 días. Resultado: habrá novedades entre el 15 y el 20 de febrero. Ni siquiera una rebaja sustancial cambiaría los planes de Gabriele Gravina, que ya maneja una lista de candidatos para el puesto de comisario, pero el presidente federal no moverá ficha antes de la apelación. Salvo sorpresa: técnicamente, el órgano competente para decidir una eventual intervención es el Consejo Federal, que se reunirá el próximo lunes, 26 de enero. La indicación de esperar a la apelación debería ser compartida por todos los estamentos, aunque no se descarta que alguien pida adelantar los plazos, también para lanzar un mensaje. En semanas de polémicas arbitrales muy convulsas, que los árbitros estén sin timón —a día de hoy la AIA está dirigida por el vicepresidente en funciones, Francesco Massini— no es precisamente la mejor noticia.